El marco: La Ley de Acceso

La Ley de Acceso

La LAECSP modifica radicalmente el panorama de la Administración Electrónica, y supone un gran impulso para la incorporación masiva de las nuevas tecnologías en la Administración. Dado que son los organismos más cercanos a la sociedad, las Administraciones Locales son clave a la hora de dinamizar el uso de las nuevas tecnologías.

Ello es debido no únicamente a que por su proximidad, son las más conocedoras de las necesidades de los ciudadanos y empresas, sino también a que muchas veces actúan como punto de entrada a demandas de servicios y prestaciones que competen a otras Administraciones Públicas. El Ciudadano no distingue entre niveles territoriales cuando formula sus demandas a la Administración. De aquí la importancia de potenciar la interoperabilidad entre Administraciones Públicas, uno de los pilares de la Ley de Acceso…

Derechos de los ciudadanos

Los principales derechos de los ciudadanos garantizados por la Ley de Acceso son los siguientes:

• Elegir entre múltiples canales la forma de relacionarse con las Administraciones Públicas.
• No presentar documentos en poder de las Administraciones Públicas.
• Igualdad en el acceso electrónico a los servicios de las Administraciones Públicas.
• Acceder por medios electrónicos a la información de los expedientes.
• Obtener copias electrónicas de los documentos.
• Conservación en formato electrónico de los documentos de un expediente.
• Usar la firma electrónica como medio de identificación y presentación de documentación.
• Realizar transacciones seguras y confidenciales.
• Calidad de los servicios públicos prestados por medios.
• Utilizar estándares abiertos para comunicarse con las Administraciones Públicas.

La evolución hacia unas Administraciones Públicasmás orientadas al ciudadano sólo es posible modificando no sólo la forma de prestación de los servicios, sino muchas veces la naturaleza de los mismos servicios. Se trata de cambiar la orientación y el contenido de la atención al ciudadano, simplificando procesos y haciéndolos más eficientes y cercanos.

Las Administraciones Públicas han pues de poner en marcha medidas de actuación en los distintos ámbitos de su organización, y no limitarse únicamente a cambios “cosméticos o parciales” en el front office destinados a dar respuesta a la demanda de servicios telemáticos por la ciudadanía.

Así, la necesidad de garantizar la integridad de los expedientes, la elección del canal por el ciudadano, la puesta en marcha de una archivo para almacenar los documentos electrónicos, la adecuada integración entre la gestión económica y el proceso de firma electrónica, la configuración de una sede electrónica como punto de entrada de los servicios electrónicos, son algunas de las problemáticas que la Ley de Acceso plantea y a los que la Administración sólo puede responder con una planificación a largo plazo.