Durante los últimos años, la energía dedicada por parte de las Administraciones Públicas al ámbito territorial se ha concentrado en obtener información cada vez más fidedigna, realizándose grandes inversiones en vuelos y en la generación de cartografía de calidad. El esfuerzo no ha sido en vano, y gran parte de las comunidades autónomas y municipios de más de 10.000 habitantes ya disponen de una base cartográfica actualizada, o están en proceso de obtenerla. Para los pequeños municipios, la solución más adecuada es recabar el apoyo de otros organismos supramunicipales como las diputaciones.
Este panorama halagüeño presenta sin embargo, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, algunas lagunas.
"El sueño de una Tierra Digital"
La primera de ellas es que la adquisición y/o realización de cartografía por parte de las administraciones públicas no va siempre acompañada de un plan de mantenimiento riguroso de la misma. Esto conduce a que muchas cartografías queden rápidamente obsoletas y desfasadas, perdiendo su utilidad. En segundo lugar, las informaciones referentes al territorio acostumbran a estar dispersas en múltiples colecciones de datos en una misma corporación, dificultando su consulta y utilización por los técnicos de la Administración, y por ende por parte de los ciudadan@s. Finalmente, y aunque pocos discuten ya la importancia de la cartografía y de las herramientas SIG para las administraciones públicas, el porcentaje de aprovechamiento de los sistemas instalados es bajo y queda circunscrito a unidades de gestión internas muy concretas como urbanismo, catastro o medio ambiente. La información territorial sigue siendo un lujo para especialistas.
Existen síntomas de cambio, y la geomática está convirtiéndose en uno de los ejes motores de la nueva administración electrónica. Los principales vectores de este cambio de tendencia serian a medio plazo los siguientes:
El mapa se mantiene en origen
Si el valor añadido y la calidad de la información territorial dependen de su nivel de actualización, es necesario simplificar y reducir al máximo las fases en los circuitos de mantenimiento de la cartografía. Esto sólo puede conseguirse mediante un mantenimiento regular y dinámico allí donde se originan los cambios. Es pues necesario avanzar en dos direcciones, el mantenimiento distribuido y la actualización in-situ.
Los datos territoriales han de mantenerse allí donde se actualizan. No tiene sentido, por ejemplo, que un ayuntamiento traspase periódicamente a su base de datos las modificaciones de las redes de agua que realiza una ingeniería o empresa de servicios externa. En la actualidad, la tecnología permite la existencia de bases de datos cartográficas distribuidas, de forma a que no todos los datos se mantengan en el mismo lugar, permitiendo de este modo descentralizar el mantenimiento sin que por ello quede afectada la unicidad de los datos. Por lo tanto, cada corporación ha de delimitar con claridad quienes son los responsables internos o externos de mantener los distintos bloques de información territorial (cartografía de base, catastro, redes, mobiliario,…), asegurándose de que dicho mantenimiento cumple unos mínimos estándares de calidad.
El circuito puede acortarse aún más, gracias a la utilización de sistemas móviles para la actualización de datos sobre el terreno. Mediante estos dispositivos con GPS incorporado (PDA, teléfonos de nueva generación, …), los inspectores y brigadas de mantenimiento pueden verificar en tiempo real la ubicación y validez de los datos disponibles (por ejemplo un contenedor, una zanja, el estado de una carretera, …), y efectuar desde la calle cambios que actualizan directamente la base de datos. No es pues de extrañar que este tipo de soluciones móviles para trabajos de campo relacionados con el territorio (catastro, vía pública, 112,….) fueran los productos estrella en el salón Intergeo 2009 de Stuttgart.
El mapa se democratiza
La información cartográfica ha pasado de ser un dato “enclaustrado” en el disco duro de un especialista a ser accesible para todos. El uso de la información geográfica se ha multiplicado principalmente gracias a las nuevas tecnologías web, en concreto los servidores de mapas. Las eficiencias que conllevan los SIG para una administración crecen de forma exponencial si se combinan con servicios de mapas que hacen llegar la cartografía a todo tipo de usuarios, incluidos los ciudadan@s y las empresas.
Paralelamente, existen múltiples causas que están ayudando a generalizar el uso de la cartografía en ámbitos no tradicionales. Por un lado, la disponibilidad de datos gratuitos va en aumento, con lo cual acceder al mínimo de cartografía necesaria para realizar una consulta o un análisis territorial ya es no privativo de unos pocos. Así por ejemplo, algunas Comunidades Autónomas como Navarra y Cataluña han publicado gratuitamente parte de su cartografía, poniéndola a disposición de organizaciones y del público en general. En segundo lugar, las iniciativas comerciales de publicar información territorial son cada vez más abundantes. Algunas son de pago (Google Keyhole), pero otras son gratuitas como por ejemplo el buscador por localización de Google o el visor de imágenes de satélite de la NASA (WorldWind). No es una coincidencia que la mayoría de estas iniciativas vengan de los EE.UU, donde todos los datos generados por instituciones estatales son de libre acceso para la población (y para el resto del mundo). Finalmente, los visores sencillos, con ergonomías y funciones adaptadas a perfiles de usuarios no expertos, se están integrando con productos y dispositivos de uso masivo (hojas de cálculo, navegadores, sistemas de navegación asistida para automóviles, …)
El mapa es uno mismo
El mapa es la representación de todos aquellos fenómenos que existen en el territorio. Curiosamente, parece llegado el momento en el que nosotros mismos pasaremos a formar parte del mapa, además de utilizarlo como herramienta de consulta o análisis. El perfeccionamiento de los sistemas de localización ya permite la ubicación en tiempo real sobre la cartografía de los vehículos de emergencia o de policía. La generalización del uso por parte de la población de teléfonos móviles u otros dispositivos con GPS incorporado, augura que en un futuro próximo cada uno de nosotros formara parte activa del mapa, como un elemento dinámico más de la cartografía. Esto plantea grandes ventajas (por ejemplo el rescate de excursionistas extraviados en alta montaña), pero también debates sobre privacidad (hasta que punto uno tiene que estar siempre localizable).
En Europa, los servicios basados en la localización (LBS-Location Based Services) van a recibir un impulso muy importante con la puesta en marcha de Galileo, una iniciativa conjunta de la Unión Europea y de la Agencia Espacial Europea que mejorará la precisión y la fiabilidad de la localización por satélite. Dado que Galileo está concebido para necesidades civiles y abierto a la explotación comercial, su impacto en el sector de la geomática se calcula en aproximadamente 200.000 millones de € en 15 años, con estimaciones de más de 3.000 millones de receptores en funcionamiento para el 2020.
Un mapa de muchos mapas
El acceso y la utilización generalizada de la información espacial en Europa sigue siendo un problema, todo y su importancia para la toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas y otras organizaciones. El gran valor añadido de un SIG es su capacidad de superponer capas de información temáticas distintas (topografía, usos del suelo, catastro de rústica, ortofotografías, planes generales,…) de un mismo encuadre territorial. Para que técnicos, ciudadanos, empresas,… puedan aprovecharla es necesario eliminar las barreras que hasta ahora lo han impedido (formatos propietarios, dificultad en localizar los datos, falta de documentación sobre los datos, trabas legales, ..)
La nueva generación de sistemas de información geográfica tiene como piedra angular la interoperatibilidad, que permite conectar e integrar on-line informaciones y servicios que provienen de muy distintas fuentes y proveedores. En lugar de ser una herramienta monolítica y cerrada, los servidores de cartografía de las distintas administraciones públicas han de comunicarse entre sí y compartir información. Así, por ejemplo, un usuario debería desde su navegador poder buscar, seleccionar y construirse un mapa de capas cartográficas generadas desde servidores distintos, gratuitos o de pago (ingenierías, Ministerios, Gobierno regional, Unión Europea, ayuntamientos,…)., Cobran pues gran importancia los buscadores de catálogos de datos cartográficos y la descripción de los mismos (metadatos).
La directiva INSPIRE aprobada por la Unión Europea en 2004 y dotada con aproximadamente 4 millones de €, sienta el marco jurídico para coordinar todas aquellas iniciativas que favorezcan el intercambio de la información espacial entre administraciones a nivele europeo. Sólo en la reutilización y mejor aprovechamiento de datos espaciales existentes, los beneficios cuantificados de la directiva INSPIRE se cifran en alrededor de 40 millones de €. A nivel operativo, la directiva se traduce en la adopción de una serie de normas para posibilitar la combinación e intercambio de datos procedentes de distintos niveles de la Administración por parte de usuarios y aplicaciones diversos.
El mapa es mutante
Los SIG han de ser abiertos la la modificación y perder un poco de rigidez, en particular los que funcionan sobre plataforma web. Durante el salón Géoévènement 2010 de Paris, los responsables de algunas Administraciones públicas europeas hicieron especial hincapié en la necesidad de SIG abiertos a una fácil modificación y personalización, tanto de los contenidos como de las herramientas. Como un camaleón, el denominado SIG a la carta puede mutar de aspecto y funcionalidades según el usuario que lo esté utilizando. En este carácter mutante de los SIG cobran gran relevancia la flexibilidad en la configuración – definir que, con qué y como puede trabajar cada usuario de SIG – y los aspectos ergonómicos – en los automóviles, a medida que los dispositivos de navegación se han hecho más amigables, su uso más confortable, y su ubicación en el cuadro de mandos del vehículo más acertada, su aceptación ha aumentado -.
El mapa frente a la ética
La información geográfica representa un gran valor añadido para todos aquellos servicios basados en la localización, como el marketing directo o la atención al cliente. Por citar un ejemplo, muchas empresas de distribución y supermercados la utilizan ya como una fuente más dentro de sus procesos de trabajo. El despliegue de los nuevos protocolos de comunicación entre aparatos móviles como el UMTS y el GPRS, que habilitan la localización exacta de una persona en cualquier lugar del mundo en tiempo real, favorecerá aún más esta tendencia. Conocer el lugar donde habita o se encuentra una persona, y vincularlo a sus hábitos de compra, preferencias, … puede ser utilizado para generar mensajes publicitarios a personas basados en su posición geográfica. Sin embargo, esta utilización comercial de la información geográfica es muchas veces desconocida por parte de la población. Como en el resto de la información vinculada a las personas, se plantea pues la disyuntiva de si la ubicación geográfica de una persona forma parte o no de su entorno privado, debiendo pues ser un dato protegido, y de si es ético su uso para fines comerciales.
Tierra digital: un poco más cerca
Actualmente, mediante identificación previa, ya son muchos los que interactúan con los distintos niveles de la Administración por Internet. Desde un único punto de entrada o carpeta del ciudadano, una persona puede acceder a todos los documentos relacionados con ella (patronales, multas, catastrales,…), consultarlos, e incluso iniciar por Internet trámites para su modificación. Un solo código de entrada (DNI) abre todo un abanico estructurado de información al ciudadan@.
El concepto de Tierra Digital profundiza todavía más en esta relación entre ciudadanos y Administración. La idea es organizar y utilizar la información de cualquier tipo no por orden alfabético, sino por ubicación geográfica. En lugar de buscar la palabra correcta, hay que apuntar al lugar adecuado. Apuntando con su dedo, el ciudadano debería ser capaz de señalar un punto cualquiera de la Tierra en el mapa (su casa, una carretera, una farola,…) y poder acceder desde allí a toda la información que la Administración dispone sobre este elemento. Las coordenadas geográficas (véase UTM o código del elemento) pasarían a ser el equivalente al DNI.